Mi Valedor A.C. exige justicia y celeridad en las investigaciones por la fabricación de delitos y detención arbitraria del defensor de derechos humanos Edwin Alan Piñón González y de la usuaria Mari Carmen N

Hechos

La noche del 25 de octubre, Mari Carmen N, usuaria de Mi Valedor y víctima de violencia de género, pidió auxilio a su defensor y colaborador de nuestra organización, Edwin Alan Piñón González, por un conflicto con una vecina.
Al acudir a su domicilio para brindarle acompañamiento jurídico, Piñón González fue detenido arbitrariamente por los policías Javier de Jesús N (placa 911756) y Luis Miguel N (placa 953978), quienes lo acusaron falsamente del delito de “resistencia de particulares”.

Los hechos fueron grabados en video: se observa cómo el defensor, sin oponer resistencia ni incurrir en conducta delictiva, fue esposado y trasladado junto con Mari Carmen N, quien también fue detenida sin motivo legal.
Ambos fueron llevados a la Fiscalía CUH-2, donde se cometieron múltiples irregularidades:

• Los policías falsearon sus declaraciones ante el Ministerio Público, asegurando que Piñón González había agredido a una mujer policía —que en realidad no estuvo presente— y que ambos “destruían una cámara de seguridad”.
• Se alteraron sus datos de identidad en el Registro Nacional de Detenciones, dificultando su localización.
• Los ministerios públicos Horacio N y Laura N retuvieron indebidamente a Piñón González, obstaculizando el trabajo de sus defensoras particulares y obligándolo a designar un defensor público en contra de su voluntad, una práctica recurrente que vulnera gravemente el derecho de defensa.
• Mari Carmen N fue liberada hasta el 26 de octubre por la tarde, sin registro formal de su detención, configurando una retención arbitraria e ilegal.

Todo esto se encuentra documentado en video, audios y testimonios, mismos que ya fueron ofrecidos como prueba ante las autoridades competentes.

Las denuncias ya fueron presentadas, pero las investigaciones no avanzan

Mi Valedor A.C. ha presentado denuncias formales ante:

• La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, donde se inició la carpeta CI-FIDCSP/B/UI-B-2 S/D/03602/10-2025, pero el personal de dicha fiscalía se negó a recibir las pruebas videográficas y testimoniales el día que se presentó la denuncia;
• La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM); y
• El Órgano Interno de Control de la SSC-CDMX.

Pese a estas acciones, las investigaciones permanecen detenidas.
Esta falta de avance y la negativa de recibir pruebas revictimizan a las personas afectadas y generan la percepción de protección a los responsables.

Un patrón de fabricación de delitos

Desde hace años, Mi Valedor A.C. ha documentado un patrón sistemático de fabricación de delitos contra personas en situación de calle y pobreza.
Frecuentemente, policías “siembran” sustancias o inventan acusaciones para justificar detenciones y extorsionar.
Hoy, esta práctica ha escalado: ya no sólo fabrican delitos a las personas más vulnerables, sino también a quienes las defienden.

El caso de Edwin Alan Piñón González revela un preocupante patrón de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, y demuestra la urgencia de romper la impunidad institucional dentro de la SSC-CDMX y la FGJ-CDMX.

Exigimos:

1. A la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, que ordenen a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos recibir formalmente los videos, audios y testimonios presentados, con personal pericial que garantice su integridad y validez, y que agilicen de manera diligente e independiente las investigaciones bajo la carpeta CI-FIDCSP/B/UI-B-2 S/D/03602/10-2025, asegurando que no se proteja a los responsables.
2. La suspensión inmediata de los policías Javier de Jesús N, Luis Miguel N y Diana Itzel N, y la apertura de los procedimientos administrativos y penales correspondientes por falsedad en declaraciones para incriminar a otro, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad.
3. La investigación de los ministerios públicos Horacio N y Laura N, por obstaculizar el derecho de defensa, interferir con la labor de las defensoras particulares y mantener detenidas a las víctimas sin fundamento legal.
4. A la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que agilice las investigaciones y emita medidas de protección para Edwin Alan Piñón González y Mari Carmen N.

Nuestro llamado

Fabricar delitos también es un delito. Estas prácticas constituyen violencia institucional, criminalizan la pobreza y atentan contra quienes defienden los derechos humanos en la Ciudad de México.

Exigimos justicia para Mari Carmen N y Edwin Alan Piñón González.
El Estado debe garantizar investigaciones serias, sanciones efectivas y la no repetición de estos abusos.

¡Alto a la fabricación de delitos!
¡No más criminalización de personas defensoras!

Atentamente,
Mi Valedor A.C.
www.mivaledor.com
Organización civil dedicada a la inclusión social, el periodismo comunitario y la defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México.