Limpieza social: ¿qué es y cómo afecta a las personas en situación de calle?

La prensa mexicana reporta numerosos casos de “limpieza social” de personas en situación de calle en años recientes. Con esas palabras se refieren a prácticas tendientes a retirar del espacio público a quienes viven en él. Las formas de hacerlo van desde hostigarlos para que se muevan de un lugar a otro en el que no “estorben”, hasta el traslado forzoso a albergues estatales, o peor aún, desapariciones.

Estas prácticas responden a una cultura en la que reina la distancia y el prejuicio contra quien no lleva un estilo de vida ajustado a la norma. Se descalifica a quien habita el espacio público sin conocerle, sin saber qué le llevó ahí. Por lo demás, se promueven medidas altamente ineficientes para evitar que haya personas en la calle: hostigarlos y reprenderlos no resuelve su falta de acceso a la vivienda y su falta de redes de apoyo para mejorar su situación.

En nuestra ciudad las autoridades se valen de distintos mecanismos para ejecutar acciones de limpieza social contra este grupo de personas. Una vía conocida es la de recurrir a detenciones fundamentadas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, con la que se penalizan distintas situaciones y actividades ligadas a la vida en la calle.

Por medio de los artículos 27, 28 y 29 se prohíbe “estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público”, “prestar algún servicio sin que le sea solicitado”, “orinar o defecar… en lugares o espacios públicos de uso común” y “colocar… sin autorización para ello, elementos destinados a la venta de productos o prestación de servicios”.

Se trata de disposiciones que castigan la forma de vida que llevan quienes se han visto obligados a vivir sin hogar. En virtud de estas disposiciones, las personas sufren detenciones policiales al realizar actividades típicas de subsistencia en la calle, tales como limpiar parabrisas o vender productos a los transeuntes.

Al respecto cabe aclarar que el mecanismo que ofrece el gobierno para obtener autorización para ejercer el comercio en la vía pública implica una serie de requisitos que incluyen la presentación de un comprobante de domicilio, del cual desde luego carecen quienes no tienen vivienda. Además de ello, se requiere presentar identificación oficial y Clave Única de Registro de Población. Es usual que quienes viven en calle no tengan documentos de identificación, por lo que esto añade obstáculos a la obtención de un permiso para ejercer actividades de subsistencia callejera.

El combate a la limpieza social comienza entonces por crear conciencia. Para ello habría que alertar sobre los peligros de sostener leyes y políticas basadas meramente en la repugnancia, como parece ser el caso de la Ley de Cultura Cívica: se criminaliza una forma de subsistencia porque le parece desagradable a quienes miran desde fuera el problema (sin profundizar).

Al respecto recordamos lo que la filósofa Martha Nussbaum expone en su libro El ocultamiento de lo humano, en donde manifiesta su preocupación en torno a la repugnancia como justificación de la ilegalidad de ciertos actos, ya que ello “ha sido el origen de gravísimos males a lo largo de la historia, incluidos la misoginia y el antisemitismo”, así como la homofobia e incluso el mestizaje.

En La anatomía del disgusto, William I. Miller aseguraba que “el grado de civilización de una sociedad puede medirse adecuadamente por las barreras legales que ha logrado colocar entre sí y lo repugnante”, ante lo que habríamos de responder, con el grandioso escritor inglés G K Chesterton, que “si la civilización realmente no puede aguantar la democracia, peor para la civilización, no para la democracia”.

Así, ante las prácticas de limpieza social que mantienen las autoridades, habrá que buscar mecanismos para recordarles el sentido de la democracia de la cual están a cargo, en la que todos cuentan.