El término “terapias de conversión” se adjudica a las “intervenciones de una naturaleza muy amplia, todas las cuales tienen en común la creencia de que la orientación sexual o la identidad de género (SOGI) de una persona puede y debe cambiarse. Dichas prácticas apuntan (o pretenden apuntar) a cambiar a las personas de gais, lesbianas o bisexuales a heterosexuales y de transgénero o género diverso a cisgénero”, de acuerdo al Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR).
En este informe se aclara que la palabra “terapia” no encaja con estas prácticas, pues al contrario de curar algo, “son intervenciones profundamente dañinas que se basan en la idea médicamente falsa” de que las personas con diversidad de orientación sexual y expresión de género están enfermas, y, por ende, “les infligen dolor y sufrimientos severos, y resultan en daños psicológicos y físicos de larga duración”.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló en 2012 que estas prácticas “no tenían justificación médica y representaban una grave amenaza para la salud y los derechos humanos de las personas afectadas”. Por su parte, en 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría “descubrió que no hay evidencia científica sólida de que se pueda cambiar la orientación sexual innata”. Asimismo, en 2020, el Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG) “declaró que ofrecer terapias de conversión es una forma de engaño, publicidad falsa y fraude”.
La OHCHR identificó tres enfoques utilizados para justificar la aplicación de estas “terapias”:
En México, durante la madrugada del pasado 26 de abril del año en curso, el Senado aprobó con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, reformas al Código Penal y la Ley General de Salud para prohibir y sancionar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), como se conoce en este país a las “terapias de conversión”.
La reforma contempla de dos a seis años de prisión y multas de 1.000 a 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) “a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.
Estas sanciones se duplicarán cuando los delitos se cometan en contra de menores de edad, adultos mayores o personas con alguna discapacidad, y apunta que “en caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez”.
De igual manera, las penas aumentarán cuando exista una relación laboral, docente, doméstica o cualquiera que implique una subordinación de la víctima o quien se valga de una función pública para cometer el delito.
Mi Valedor tuvo la oportunidad de entrevistar a Iván Tagle, director de YAAJ México, organización LGBTI+ fundada hace 15 años, con más de 300 voluntarios distribuidos en CDMX, Jalisco, Mérida, Puebla y Zacatecas, y que participó activamente desde hace más de seis años en la colosal gestión que implicó la cristalización de este logro.
Nos cuenta que la iniciativa de ley la introdujeron en 2018, “pusimos una a nivel federal y otra a nivel local en CDMX, como estrategia para dividir los esfuerzos de las personas conservadoras que pujan por la patologización de nuestras orientaciones e identidades, y en ese sentido sabíamos que se tenía que concentrar en sólo una cámara, por supuesto a nivel federal, que hizo que en 2020 el congreso de CDMX fuera la primera entidad federativa en aprobar los ECOSIG, y a partir de allí hemos logrado incidir en 18 de los 32 estados de la República para que legislen sobre este tema”.
Iván indica que muchas de las personas que conforman YAAJ México son sobrevivientes de esas prácticas delictivas, “entonces el trabajo y atención que hemos hecho con poblaciones con este tipo de experiencias fueron compartidas en voz alta, lo que hizo que muchas otras personas se vieran reflejadas en esas historias y dijeran: ‘a mí también me pasó’”.
Así se fueron dando cuenta de que estaban ante un fenómeno sistematizado, es decir, “que las personas se están poniendo de acuerdo en cuanto a estructura, discurso, recursos financieros, métodos de tortura para reprimir o curar algo que no es una enfermedad”.
“En ese sentido fueron las sobrevivientes de nuestra organización quienes buscaron incidir para que se visibilizaran sus experiencias. Primero fueron estrategias de comunicación de alto impacto donde pudimos sacar tres camiones en cinco estados de la República con leyendas que decían ‘la homosexualidad no es una enfermedad’, sobre todo porque en ese momento, en 2017, en Europa estaba circulando un camión naranja que decía ‘las niñas tienen vulva, los niños tienen pene’, y cosas así, entonces sabíamos que ese camión llegaría a Latinoamérica y que México probablemente sería el primer país por su importancia geopolítica”, apunta.
Cuando finalmente ese camión naranja llega a México, “nuestra organización era la única que tenía una campaña activa y sobre todo con estrategias propositivas, no tanto de detener su manifestación, sino más bien generando contra-narrativas a esos discursos de odio, y eso hizo que nuestra presencia se pusiera en el foco” de buena parte de la sociedad, nos comenta Iván.
Por ese entonces, el Frente Nacional por la Familia, “que es un grupo de extrema derecha en México, se reúne por primera vez en Baja California Sur, y en una gran rueda de prensa sale su director a decir: ‘nos equivocamos de estrategia, no es en contra de los homosexuales, ni de las personas trans, es a favor de ellas’”.
En ese acto presentan a un psicólogo llamado Everardo Martínez Macías, de Jalisco, “que aclama que la homosexualidad es una enfermedad y que además puede ser curada en tan sólo cuatro meses. Y no sólo curada, sino que además puedes desarrollar la heterosexualidad. Y a ese encuentro asistieron los financieros de las empresas más grandes que apoyaron esos discursos, lo que hizo que se permearan a toda la República, lo que provocó el aumento del número de víctimas sometidas a estas prácticas”, agrega Iván.
Esta coyuntura provocó que YAAJ México tuviese una fuerte presencia en los medios de comunicación, “y decidimos que primero teníamos que llegar a los tomadores de decisiones de nuestro país y hablarles sobre los peligros de esto, porque si no, perderíamos la batalla discursiva y eso implicaría un retroceso de más de 40 años”.
En este sentido, decidieron acercarse a las instituciones mexicanas que defienden los DDHH, o que luchan por prevenir la discriminación o se concentran en la atención a víctimas, para preguntarles cuál era su opinión ante estas prácticas y que fijaran postura sobre la creencia de si la homosexualidad es una enfermedad o no.
Cuando llega el 17 de mayo (día nacional contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia) del 2017, YAAJ le exige a todas estas instituciones que se pronuncien expresamente sobre el tema, tras “una gran presión de nuestra organización, los camiones, las notas, pero sobre todo con el esfuerzo de las sobrevivientes que tomaron las calles, que cerraron las instituciones porque no había un interés genuino de escucharnos y nos enfrentábamos a cuestionamientos como: ‘y cuántos son, en dónde están, cuáles son esos números, por qué no hay denuncias’, y nosotros como: ‘no podemos denunciar un delito que no existe’”, asegura Iván.
Mientras avanzaban estas acciones, se dieron cuenta de que “la información sobre las terapias de conversión en el mundo estaba dispersa, entonces un primer paso fue generar un mapeo para crear un documento que le llamamos ‘el dossier por una terapia de aceptación y no de conversión’, y recopila todas las normativas internacionales y avances sobre las terapias, también la normativa internacional de por qué deben ser prohibidas, así como la normativa nacional, sumándole los pronunciamientos recientes que habíamos conseguido de las instituciones”.
En 2018, con el cambio de gobierno, “generaron una estrategia de incidencia política para legislar la prohibición de estas terapias, y a nivel federal, gracias al apoyo de Genaro Lozano, un activista y politólogo muy reconocido en México, logramos articular el esfuerzo de tres senadoras de diferentes partidos, algo que no se había visto antes en los derechos de la comunidad LGBTI+ en nuestro país”, explica Iván.
De esta manera, “Patricia Mercado, que fue una excandidata a la presidencia de México, junto con Alejandra Lagunes, que estuvo en el área de comunicación en el sexenio pasado, y Citlalli Hernández, logramos una combinación que fue clave para que esta iniciativa pudiera avanzar, de lo contrario hubiese sido muy difícil. Tuvimos que tener a la oposición y al gobierno oficial de nuestro lado”, añade.
“No fue nada fácil, pero al mismo tiempo decidimos dividir el esfuerzo de los conservadores, poniéndolo al mismo tiempo en la de la CDMX, y todos nos tachaban de estar locos, por querer comernos todo el pastel. Y básicamente lo que nos enseñó este proceso es hacer posible lo imposible, porque la estrategia dio frutos. Primero en la CDMX, que además fue un diputado abiertamente gay, que vive con VIH, Temístocles Villanueva Ramos, quien abandera esta iniciativa y logra la aprobación. Antes de esto tuvimos que hacer un montón de estrategias sobre sensibilización y comunicación, por ejemplo, logramos reunirnos con las Naciones Unidas y el Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para generar una guía dirigida a profesionales de la salud mental para combatir las terapias de conversión”, recuerda Iván.
Esa guía fue útil a la hora de ir con todos los legisladores y demostrar lo que asegura Naciones Unidas, el COPRED, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre esta problemática, y decir “no estamos mal, tú me pides datos y me dices que esto es irreal, pues aquí está este instrumento donde afirman que esto está pasando en México”.
A su vez se reunieron con Warner Music México, donde encontraron el apoyo de artistas de talla internacional, con quienes han hecho foros, organizado conciertos, estrenos de películas, entre otras actividades destinadas a difundir la información a la mayor cantidad de ciudadanos.
“También logramos incidir en las instituciones federales. El INEGI sacó el año pasado una encuesta oficial sobre diversidad, la primera que nos da datos oficiales del gobierno ejecutivo, y preguntaron a las personas que salieron del clóset quiénes habían sido llevadas a este tipo de prácticas, y entonces por fin tenemos un número, que es desorbitante, porque arroja que más de medio millón de personas fueron víctimas de este tipo de prácticas en México. Y claro que ese número se queda corto, porque hay muchas personas que esta encuesta no alcanzó, además otras que normalizan la violencia y no reconocen que esto que les pasó es una terapia de conversión o aquellas que siguen en el closet y que no responden ese tipo de encuestas por miedo a hablar”, manifiesta Iván.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México cinco millones de personas se reconocen como LGTBIQ+, y el 32,1% de ellas fue discriminada en 2022. Ese mismo año, fueron asesinadas 87 personas en el país por motivos relacionados con su orientación sexual o identidad de género, en el 2021 fueron 78 y en el 2023 66 las víctimas, según reveló el informe “La violencia LGBTfóbica en México, 2023: Reflexiones sobre su alcance letal”, realizado por la organización Letra Ese.
Iván insiste en que fue una labor ardua, que lograron “con paciencia, con estrategia, con diplomacia y la presencia de la sociedad civil, que todo el tiempo estábamos atrás de los legisladores y senadores, eran las 3 A.M. y nuestra organización no se movía ni un segundo del Senado exigiendo que ninguno de esos senadores se retirara de su curul para poder votar y agotar la discusión porque el riesgo era que decidieran dejar de votar y que nuestra iniciativa se quedara sólo anotada en la lista pero no legislada. Para mí es clave que, como ciudadanos, estemos ahí de cerca en los espacios de toma de decisiones, seamos resistentes y no nos cansemos de insistir para exigir nuestros derechos”.
Al cuestionarle sobre si considera que a raíz de la aprobación de esta iniciativa de ley las víctimas de los ECOSIG presentarán denuncias, Iván señala que “esperaríamos que sí, pero también no debemos dejar de ver una realidad latente que es el nivel de impunidad en nuestro país. Estamos como en alrededor de 98 % de impunidad, o sea, menos de 1 de cada 10 personas que se atreve a denunciar en México ve resuelto su caso, en todos los delitos. Entonces esa falla de la justicia aleja a las personas de confiar en el sistema judicial”.
“Pero en realidad esta iniciativa de ley cuando la pusimos, lo último que queríamos es que alguien vaya a la cárcel. La estrategia es que sí se dijera en lo retórico que es un delito, porque encontramos muchos casos de mujeres lesbianas sometidas a abuso sexual, porque claro, no has probado un hombre, por eso eres lesbiana, entonces aprobaban el abuso sexual, y para nosotros ese es un delito que el Estado tiene que reconocer y decir que hay cárcel para eso”, agrega.
“No estamos interesados en que el Estado intervenga solamente cuando existe la comisión de un delito, o cuando exista una víctima que reparar, la estrategia era que el Gobierno pudiera reconocer este fenómeno como un delito, porque a partir de que reconozca a las mal llamadas terapias de conversión como un delito el gobierno tiene la obligación de prevenirlo y garantizar la no repetición, y es ahí la parte fundamental y clave de toda esta estrategia de iniciativa de ley. Lo que no existe en términos legislativos no está sujeto a derecho”, explica.
A su vez, la idea es precisar datos relacionados a los ECOSIG, como “las edades, si es la población trans la más afectada, hay mucha información que está ahí y que el Gobierno todavía puede deshebrar para poder generar políticas públicas” precisas y oportunas. “Una iniciativa de ley que no va acompañada con una política pública para garantizar la no repetición es una ley con letra muerta”.
Iván resalta la situación de los padres y familiares que caen en el engaño de las “terapias de conversión”, pues los consideran víctimas indirectas de personas que “lucran con su desinformación y dolor, vendiéndoles una estafa y prometiéndoles que en cuatro meses su familiar se va a curar, entonces qué pasa si uno de estos ‘profesionales’ de la salud mental orilla a uno de sus hijos o hijas al suicidio. De qué manera los padres pueden acceder a la reparación integral de ese daño”.
El 10, 11 y 12 de octubre de este año YAAJ formará parte de la organización de un foro internacional para prohibir las terapias de conversión. “Esperamos que legisladores de todo el mundo, así como gobierno y sobrevivientes puedan venir a la CDMX para intercambiar las mejores prácticas y poder avanzar en las legislaciones a nivel regional y más allá, y sobre todo poder compartir con aquellos países que ya habían aprobado estas leyes y ver qué están haciendo para prevenir el delito”.
Iván se nota un poco contrariado al pedirle que envíe un mensaje a aquellas personas que insisten en promover que la diversidad sexual y de expresión de género es una enfermedad, ya que aclara que “ahora diferenciamos y escogemos nuestras batallas discursivas, creo que esa fue también una gran estrategia porque hay personas que no las vas a convencer, no tienen la voluntad de crecimiento, se aferran a los prejuicios y estigmas, y nosotras preferimos enfocarnos más a nuevas generaciones, sobre todo a los padres, a que deben lograr que para sus hijos el hogar sea el refugio de las calles, y no que la calle se convierta en el refugio del hogar. El rechazo y la discriminación simplemente por ser o amar no es correcto y mucho menos es una enfermedad curable, ya se ha repetido desde hace décadas que no hay nada que curar, no estamos enfermos, no somos criminales”.
“Creo además que prohibir estas prácticas es poner en el centro de la discusión de qué manera las y los ciudadanos merecemos acceder a servicios de salud mental en nuestro país y en el mundo y me parece que nadie en este planeta debería ser sometido a electrochoques, privación de la libertad, violaciones, golpes, torturas, como un método para supuestamente curar alguna enfermedad y mucho menos una condición humana que ya muy bien se sabe no es una enfermedad, entonces creo que el acceso a la salud mental tiene que estar siempre acompañado de dos principios fundamentales: el derecho a la no discriminación y apegarse a los derechos humanos”, finaliza.
En el mencionado informe de OHCHR, se ofrecen varias recomendaciones a los Estados para erradicar estas prácticas violentas y contrarias a la dignidad humana. Podemos resumirlas de la siguiente manera:
Definir claramente las prácticas prohibidas; asegurar que los fondos públicos no se usen para apoyarlas; prohibición de anuncios publicitarios; establecer castigos por incumplimiento e investigar los reclamos respectivos; proteger a los niños y jóvenes de estas prácticas; crear campañas de concienciación entre los padres, las familias y las comunidades; facilitar atención médica y otros servicios relacionados con la exploración, el desarrollo libre y / o la afirmación de la orientación sexual y/o la identidad de género; y fomentar el diálogo con las partes interesadas clave, para crear conciencia sobre las violaciones de los derechos humanos inherentes a las mal llamadas “terapias de conversión”.
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