Hablar de personas en situación de calle es también hablar de invisibilización institucional, violencias estructurales y un ejercicio deficiente de los derechos humanos. Al ser personas con redes de apoyo insuficientes, son objeto de violencias y maltratos sin que otros intercedan para detenerlos. ¿Qué obligaciones tienen las instituciones para garantizar el ejercicio de sus derechos? Vayamos por partes.
Son las condiciones básicas que necesitan las personas para vivir con dignidad y en un ambiente de paz. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. Y es fundamental que se garantice su ejercicio digno, sobre todo en poblaciones vulnerables también conocidas como grupos de atención prioritaria.
La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce como grupos de atención prioritaria a aquellos que están en alguna situación de desigualdad estructural, que por muchos años han sido discriminados, excluidos y violentados, y que aún hoy enfrentan grandes obstáculos para disfrutar de sus derechos y libertades.
Desde su publicación en 2018, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce como grupos de atención prioritaria a los siguientes:
La población callejera es un grupo social diverso, conformado por niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas adultas mayores o personas mayores, con discapacidad y otras con diversos problemas de salud y adicciones. (COPRED, 2017).
Los motivos que han orillado a estas personas a las calles son diversos. Violencia familiar, núcleos familiares rotos, desempleo, adicciones, falta de oportunidades, discriminación, entre muchos otros. Hablamos de causas sociales pero también estructurales.
El Protocolo interinstitucional de atención integral a personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México (2020) clasifica las causas de la situación de calle como sigue:
Hablamos entonces de un problema complejo que requiere ser atendido desde sus causas, a través de programas de prevención, regulación y acompañamiento. Garantizar un ejercicio pleno de sus derechos es una tarea conjunta. Gobierno, instituciones y la sociedad civil deben trabajar para que las personas en situación de calle tengan una vida digna y libre de violencia. Cuando alguna de las partes no está haciendo su trabajo, toca a las Organizaciones de la Sociedad Civil interceder para frenar la violencia y la discriminación de la que son víctimas las poblaciones callejeras.
Integrar a las poblaciones callejeras y atender sus problemáticas no es una tarea fácil, pero todos podemos contribuir con acciones que partan de una realidad que a veces se olvida: las personas en situación de calle son sujetos de derecho.
Victoria Villalobos es estudiante perpetua, le interesa la comunicación, la interdisciplina, y todo lo que yace en medio.
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