En el universo de instituciones del Estado mexicano que ante décadas de abandono presupuestal sobrevivían por inercia hasta que la austeridad republicana tumbó los pocos pilares de estabilidad que las sostenían, la Escuela Nacional de Antropología e Historia se encuentra en coma.
Los más recientes recortes presupuestales impactan directamente en la operatividad mínima de sus instalaciones y la contratación de su planta docente (ya ni hablemos del pago de viáticos para prácticas de campo de sus estudiantes, fundamentales para todo aprendizaje etnográfico), al tiempo que forman parte de los problemas estructurales que desde hace décadas aquejan en su conjunto al Instituto Nacional de Antropología e Historia: la consolidación de una comunidad antropológica estratificada entre investigadores del INAH con plazas privilegiadas y una tropa de docentes, arqueólogos y restauradores profundamente pauperizada.
A lo anterior se suma la falta de insumos mínimos para la preservación y conservación de nuestro patrimonio prehispánico e histórico a lo largo y ancho del país, realidad que se evidencia en absurdos como que el gobierno de la Ciudad de México gastara 17 millones de pesos en la maqueta del Templo Mayor y el espectáculo Memoria Luminosa para conmemorar 500 años de Resistencia Indígena, mientras el Museo del Templo Mayor contó en 2021 con un presupuesto de 530 mil pesos.
En ese contexto, la Asamblea General de la ENAH mantiene una resistencia activa ante los recortes que implican de facto su desarticulación como institución académica, al tiempo que exigen al gobierno federal mayor sensibilidad para con la realidad en la que la política de austeridad los está situando.
Porque más allá de las decisiones presupuestales del gobierno en turno, lo que está en juego ante la potencial desaparición de la ENAH es la incapacidad del Estado mexicano de reinterpretarse de frente a la barbarie que hemos vivido como sociedad a raíz del inicio de la guerra contra el narco.
México necesita antropólogos que ocupen sus instituciones para complementar la formulación de políticas públicas acorde a los niveles de violencia y brutalidad que padecemos; etnógrafos que nos ayuden a entender la raíz de los cambios sociales y sus implicaciones en las vidas de nuestras comunidades.
Un gobierno realmente progresista debería apostar no sólo al respeto a los derechos laborales y educativos de las comunidades del INAH y la ENAH, sino también al fortalecimiento de la formación de antropólogos para afrontar nuestro desvarío como sociedad. Porque en paralelo a seguir descubriendo y preservando pirámides, el Estado mexicano tiene la obligación de encontrar las miles de fosas creadas en los últimos tres lustros y garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
Para dicha labor titánica necesitamos antropólogos. La disyuntiva es muy sencilla: La ENAH o la barbarie.
Director General de Mi Valedor. Está convencido de que le habría ido mejor a México si Heberto Castillo hubiera sido presidente.
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Se nos esfuma de las manos el caótico año 2021 y continuamos adentrándonos en las incertidumbres de este siglo. La pandemia de covid-19 sigue profundizando las desigualdades entre el norte global y las periferias precarizadas; los efectos devastadores del cambio climático se consolidan, normalizan y mimetizan con el capitalismo rapaz que se resiste a morir; la crisis de los regímenes democráticos alrededor del mundo continúa empoderando a las izquierdas militaristas conservadoras y las derechas conservadoras militaristas; los Estado – Nación se resisten a reinterpretarse, abrir fronteras, condonar deudas, abrazar la diversidad y se atrincheran en el siglo XX ante el avance de Elon Musk, Jeff Bezos y demás emperadores de la modernidad. Ya sólo falta que se cumplan las profecías de José Alfredo Jiménez para que las distancias aparten las ciudades y las ciudades destruyan las costumbres.
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